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JUAN SEGURA NUEZ

Octava ley de educación en 40 años. Solamente con esto nos podemos dar cuenta del fracaso del utópico “Pacto de Estado por la Educación”. Como en las anteriores, esta ley nace sin consenso entre los principales partidos políticos, con fecha de caducidad.

Y, como siempre, los perjudicados van a ser los alumnos y los profesionales docentes, que, desgraciadamente, ya se van acostumbrando a los tumbos que se ven obligados a dar cada vez que el Gobierno cambia de color.

Uno de los principales aspectos que está generando controversia de esta ley es la eliminación del castellano como lengua vehicular – algo que, palabra por palabra, no recoge el texto original, pero que, tanto Gobierno como oposición, dan por sentado-. Sinceramente, solo soy capaz de entender esta medida como una cesión al chantaje de los partidos nacionalistas. El abandono del castellano en la educación, además de poner trabas a alumnos castellanohablantes, que ya se ven arrinconados en ciertas comunidades, va a llevar a una pérdida todavía mayor de la identidad nacional.

Tal y como decía El Profesor en otro artículo de este Rincón: “La ignorancia acerca de nuestra historia ha contribuido a la desarticulación de un proyecto común como sociedad, que nos haría más fuertes y eficaces ante las contrariedades que nos asolan a todos los niveles”. Porque no nos engañemos: con esta ley no se busca favorecer el conocimiento de lenguas regionales de las diferentes comunidades autónomas, sino que se da un claro paso hacia la segmentación de España. Con ello, los nacionalistas consiguen continuar generando su “identidad” falsificada y, en definitiva, dar alas a sus intereses partidistas y separatistas.

Otro apartado polémico es que los centros de educación especial se mantengan únicamente como apoyo y que, en un plazo de diez años, los centros ordinarios sean los encargados de la educación de alumnos con necesidades especiales. Plataformas de padres se han manifestado en contra de esta medida en numerosas ocasiones. Está muy bien que los centros sean capaces de atender a los alumnos con necesidades especiales, pero: ¿por qué limitar la libertad de padres y alumnos para elegir el centro que creen que más les conviene? Inclusiva sí, especial también.

Y hablando de ataques contra la libertad de elección de centros educativos, llega el tema de la concertada. La educación concertada, que ya está inmersa en una infrafinanciación como demuestra la desigualdad de sueldos de los docentes, se ve de nuevo perjudicada al limitarse su subsidio. Personalmente, estudié en un centro privado -y a mucha honra, por cierto, ya que últimamente parece que está mal visto el ser usuario de la Sanidad o la Educación privadas-, y el eliminar la financiación a colegios que creen en la educación diferenciada (provocando, en última instancia, su desaparición) me parece una agresión contra la libertad de las familias. Hoy en día, entidades sociales privadas, medios de comunicación y un largo etcétera reciben dinero de fondos públicos, y, aparentemente, a nadie del Gobierno le parece un problema.

Por útlimo, la LOMLOE introduce, durante la ESO, la coacción de alumnas para que “elijan” ciencias, tecnología, artes, ingeniería y matemáticas. Únicamente por su sexo y porque, actualmente, hay mayor representación masculina en estas áreas.

*La educación de Cupido* (**da Coreggio**)

Visto lo visto, no confío en los partidos políticos -en ninguno- para que sean los responsables del control de la educación de nuestro país. Ya solo se buscan medidas que den una respuesta acorde a su ideología, sin tener en cuenta que perjudiquen al conjunto de los ciudadanos. Así que nos toca defender a toda costa nuestra libertad: nos la están quitando y no nos damos cuenta.