Los niños no votan

Los niños no votan

IVÁN CANTERO

Los niños no votan, y aún cuando no se votaba, tampoco importaban demasiado. Mano de obra bien barata para la industria familiar; y si no la hubiese, se arrendaban a otras externas como consultoras de limpieza o servicios auxiliares de peonía. Los menores eran humanos  de una categoría inferior, pero humanos al fin y al cabo, con unos derechos tácitos de cara a  sus progenitores que nadie discutía. Hoy día han perdido incluso ese estatus, y quien crea que  exagero, pruebe a buscar en Internet información sobre adopción en su ciudad o región y  comprobará que el 99% de los resultados corresponden a protectoras de animales que  ofrecen la posibilidad de llevarse a casa un perro o un gato abandonados. Hemos permitido  que se llegue a utilizar la misma palabra para asumir la patria potestad de un menor huérfano  que para meter en casa a un animal por el que no hemos pagado, o dicho de otro modo,  hemos igualado a los hijos con las mascotas. Se han humanizado los perros o se han  animalizado a los niños, tanto da. 

Pensándolo bien, tal vez el estatus de mascota no sea tan dramático, habida cuenta  de que ya hay voces que quieren considerar a determinados animales como clase obrera o  reclaman una seguridad social veterinaria universal y gratuita (no olvidemos que el partido  más votado de España sin representación en el Congreso es netamente animalista). Pensemos  que cada vez más urbanitas convierten el consumo en un acto político, en general más  reivindicativo con las condiciones laborales de las gallinas ponedoras que con las de los  menores que fabrican la ropa barata que visten. También cotizan al alza las concejalías  específicas de bienestar animal frente a las aburridas y trasnochadas secciones dedicadas al  menor o a la familia. 

Quizás la explicación sea que la gestación de bebés se ha convertido en una industria  como otra cualquiera. ¿Qué clase de perdedor, hoy en día, renuncia a prolongar su  adolescencia hasta los cuarenta años, pudiendo recurrir para entonces a fabricar embriones  en serie para tirar a la basura o revender los que le sobren? Solo los aborrecibles  conservadores de clase alta, por decisión propia; y el lumpen patrio o los extranjeros pobres  por accidente. Pero incluso en una fecundación tradicional el nonato se concibe como un  producto sobre el que se pueden reclamar defectos de fabricación a los proveedores  sanitarios, como por ejemplo una trisomía que provoque el síndrome de Down no detectada  con suficiente tiempo, porque se considera un terrible agravio el hacer pasar el mal trago a  los progenitores de tener que repudiar al retoño públicamente al darlo en adopción en lugar  de la discreción de un quirófano tanático. El mercado también propicia la opción más  prosaica de delegar en una mujer pobre del tercer mundo el fastidioso proceso de la  incubación, comprando un neonato -siempre y cuando no venga con taras de fábrica, claro,  en cuyo caso se reclama a la fabricante un nuevo artículo en perfecto estado-, práctica que cada  vez menos gente se atreve a criticar en España por aquello de ser especialmente popular entre  parejas homosexuales, a pesar de carecer de regulación. 

Lo cierto es que llevamos décadas de legislación ignorando por completo a los niños,  subordinando sus necesidades familiares y educativas a la moda política del momento. Los  reglamentos que amplían los permisos de paternidad no tienen nada que ver con ampliar los  derechos o el bienestar del progenitor ni del recién nacido; más bien se razonan como una  especie de penalización compartida entre el padre y la madre, es decir, se retrata la natalidad  como un lastre social y laboral. Ni siquiera la reciente ley del menor parece tener muchas más  pretensiones que el manido intento de criminalizar a la Iglesia, a pesar de que que el maltrato  o el infanticidio en el hogar son problemas tanto o más graves que la violencia contra la  mujer. Los ancianos también la sufren en silencio y pueden votar, pero para el criterio de  quienes han legislado sobre estos asuntos, votan mal. Por eso quizás no hay demasiado interés  en gestionar con diligencia esta pandemia, y en cambio se desarrollan leyes tan urgentes e  imprescindibles como la de la eutanasia, a modo de advertencia. ¿Qué podemos esperar de  quien critica extender a menores el recurso del 016?

Es probable que el aspecto más repugnante y silenciado del maltrato sistémico que  sufre el menor es el relacionado con su institucionalización y las alternativas sociales que se  le ofrecen. De un tiempo a esta parte y no solo en España, se ha introducido en la agenda de  política internacional el disimular cierta clase de lamparones sociales de cara a ofrecer una  mejor imagen en el exterior. Así, hablar públicamente de sectas, crímenes rituales o satanismo  se ha convertido en un tabú, por miedo a otorgar al país un cierto regusto tercermundista.  Por esa misma razón, casi todos los estados han cerrado la posibilidad de adopción  internacional de niños menores de seis años y sanos, con el objeto de aparentar carecer de  infantes abandonados o huérfanos… Cuando lo cierto es que, demasiado a menudo, los  tienen institucionalizados, sin familia o incluso sin censar o registrar en los programas sociales  por falta de medios o interés. Con frecuencia se añaden los prejuicios xenófobos o racistas  hacia los países occidentales, caricaturizando la adopción extranjera como una especie  de compra de niños que hacen unos blancos ricos. 

A nivel nacional sucede algo similar: por negligentes o maleantes que sean los padres  y para maquillar las estadísticas, no se llega casi nunca a dar un menor por abandonado y  susceptible de ser entrar como fijo en una familia, sino que se le obliga a encadenar  temporalidades precarias en centros tutelados hasta que cumple la mayoría de edad, cuando  queda abandonado a su suerte. Los niños no votan, pero la canalla sí; y es mejor que los  niños se gradúen en la calle con bachiller en reformatorio que darlos en adopción a una  familia que, presuntamente, votará mal. Todo está directamente relacionado con la filosofía  que repudia la caridad: cierto sectarismo político hace preferir que los necesitados se pudran  en un agujero miserable a reconocer que el Estado es incapaz de cubrir las necesidades  sociales de todos. 

No deja de ser sorprendente la poca visibilidad que las instituciones dan a la necesidad  de que los niños tutelados encuentren una familia que los acoja temporalmente en lugar de  estabularlos en una institución. Digo estabular y más bien debería decir esconder, porque de  este modo se evita reconocer públicamente la custodia de un menor como un fracaso  político, y el gestor responsable puede sacudirse los remordimientos fantaseando con que se  trata más bien de una mala decisión individual ciudadana: un feto que debió abortarse a  tiempo, en lugar de dedicarse ahora a agraviar las arcas públicas. El tema del coste es  importante, porque los organismos públicos pagan unos tres mil euros por cada menor para  el que delegan su cuidado en alguna oenegé o asimilable, lo que hace pensar a algunos que  esta práctica podría haberse convertido en una especie de negocio que se arruinaría en caso  de que el acogimiento familiar de menores se popularizase. 

Termino recordando, al hilo del último tema, que la custodia de menores es el único  servicio social (junto con la ayuda a la dependencia) cuya prestación se delega masivamente  en entidades privadas, contradiciendo el sacrosanto principio de que los bienestares y  protecciones básicas hacia la ciudadanía deben brindarlas personal público, para garantizar  su calidad y nivel de servicio por encima de cualquier presunto interés económico de un  contratista. Por supuesto, estas excepciones no reciben críticas o siquiera se hacen notar por  ninguna facción política. Tal vez sea porque los grandes dependientes y los niños no votan.


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