Las relaciones de la izquierda con el catolicismo en los años de la 'memoria histórica'

JOSÉ MARÍA AIGUABELLA AÍSA

La confusión interesada entre memoria e historia, aleja a esta de su método como ciencia siendo instrumentalizada para beneficio político de sus promotores. En el presente artículo trataré de resumir desde la Historia como evolucionaron las relaciones entre los gobiernos de izquierda y los católicos en los años 30.

Ese momento fue la fase más dramática de la historia contemporánea de España y de la Iglesia. El anticlericalismo de la década republicana se basaba en las doctrinas anticlericales clásicas del siglo anterior y continuidad de la ofensiva anticlerical de los años 1901-1912.

Los ataques a la Iglesia produjeron una reacción defensiva de los católicos, que a los ojos de los republicanos e izquierdistas constituía la principal amenaza política. La cuestión religiosa se convirtió en un asunto de revolución o contrarrevolución, de vida o muerte (Stanley Payne). En España, la dialéctica derecha-izquierda se llevó hasta sus últimas y más destructoras consecuencias.

Incialmente, la gran mayoría de los españoles aprobaron el nuevo régimen republicano. Las jerarquías de la Iglesia lo aceptaron también sin quejas formales, esperando que continuaran, bajo un régimen democrático, los términos favorables del concordato vigente.

Varios sucesos vinieron a complicar las buenas relaciones: El 2 de mayo, una carta pastoral del cardenal Segura, alabando al rey depuesto, fue interpretado como un ataque a la república. El 11 de mayo hubo una quema de conventos. En tres días se saquearon e incendiaron un centenar de edificios religiosos. El gobierno condenó verbalmente aquellos actos, pero no exigió a nadie responsabilidades por ellos y se mostró remiso a proporcionar protección policial. El obispo de Vitoria, Múgica, único prelado que había dado pruebas públicas de hostilidad al nuevo régimen, fue desterrado de España. Un mes más tarde el cardenal Segura era desterrado también.

Las elecciones parlamentarias, de junio de 1931, dieron la victoria a los grupos republicanos y socialistas. Había que redactar una nueva constitución republicana, que se concretó en un texto, en muchos aspectos liberal y democrático, que garantizaba un Estado derecho. La controversia más desatacada en torno a la constitución de 1931 se refirió al artículo 26, relativo a los asuntos religiosos. Cabía esperar una solución moderada, que permitiera la existencia de una Iglesia libre en un Estado libre.

La política republicana de izquierdas se proponía mucho más que la separación de la Iglesia y del Estado. Pretendía su sometimiento y la eliminación de la cultura católica, según se concretó en algunos aspectos del artículo 26 de la Constitución:

Suponía la anulación de hecho del Concordato en vigor entre Iglesia y Estado.
Separaba la Iglesia del Estado, como es natural.
Establecía la redacción de una normativa para suprimir el presupuesto del Estado para el sostenimiento de la Iglesia. Recuérdese que tal presupuesto se debía a la compensación por las expropiaciones de los bienes de la Iglesia practicadas por las desamortizaciones.
Las órdenes religiosas que, como los jesuitas, exigieran además de los tres votos canónicos el voto a cualquier autoridad que no fuese el Estado (en el caso de los jesuitas es el de obediencia directa al Papa) serían disueltas.
Las demás órdenes religiosas quedarían sometidas a otras exigencias como: Incapacidad para adquirir y conservar más bienes que los que se destinasen a su vivienda o al cumplimiento de sus fines propios. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Debían inscribirse en un registro especial.
Varias leyes de 1932 disolvieron la Compañía de Jesús, legalizaron el divorcio, secularizaron los cementerios y prohibieron cualquier transferencia de propiedad de la Iglesia a otras manos.
La aplicación de esta legislación llevó a situaciones como las descritas por José María Sánchez, Reform and Reaction: En Sevilla, dos sacerdotes fueron detenidos por encabezar un entierro y acusados de violar la ley que prohibía las manifestaciones religiosas públicas. Otro sacerdote fue multado por decir misa en su iglesia, cuyo tejado había sido destruido por un rayo, pues se le acusó de desplegar en público los signos del culto. Se multó a sacerdotes por aludir al «reino de Dios» en sus sermones sobre Cristo Rey. En algunas localidades se fijaron impuestos al tañer de las campanas y en otras se prohibió llevar crucifijos como joyas de adorno.

El numeroso sector social católico se sintió marginado del nuevo régimen, abriéndose una brecha entre españoles, que iba a ser muy difícil de superar. La ofensiva anticlerical provocó un resurgimiento católico y una oposición que no existían en 1931. La situación impulsó la creación de un partido católico de masas, que tras un recorrido previo desembocó en la CEDA, partido que manifestaba su compromiso de seguir tácticas legales, parlamentarias y de defender posiciones conservadoras, uno de cuyos objetivos era la reforma de la constitución para modificar parte del artículo 26. Los carlistas se reorganizaron con el nombre de Comunión Tradicionalista. Los nacionalistas vascos, declarados católicos, mantuvieron estrecha relación con el clero de su región, donde hubo sacerdotes que colaboraron en la organización del PNV.

Cuando en octubre de 1934 se produjo la sublevación revolucionaria, llevada a cabo por la izquierda y el separatismo catalán, contra el gobierno de derecha, elegido legítimamente en las urnas, el sistema democrático quedó puesto en cuestión.

En la primavera de 1936, con el gobierno del Frente Popular, la república se deslizaba hacia posturas revolucionarias. Los estallidos anticlericales eran un aspecto más de la violencia y confusión que prevalecían. Comenzó la aplicación de la legislación de 1933, que prohibía la educación católica, expropiación de algunos edificios religiosos. La postura del gobierno ante las agresiones anticlericales era de tolerancia para con los agresores.

La rebelión militar de julio de 1936 no presentó, de partida, una motivación primordial por sentimientos religiosos. Actuaban motivados por emociones nacionalistas y de conservadurismo patriótico, contra la izquierda revolucionaria y las fuerzas separatistas regionales. La rebelión militar provocó el estallido de una revolución en gran escala de la izquierda. En España el clero fue una de las víctimas principales de la violencia. Fueron asesinados unos 7.000 eclesiásticos. La gran mayoría eran párrocos pobres, de familias humildes, no más ricos, ni más privilegiados que los supuestos “enemigos de clase” que los mataron (Stanley Payne). Datos ilustrativos: En Barbastro fue ejecutado el 88 % del clero diocesano; en Lérida lo fue el 66 %; en Tortosa, el 62 %; en Ciudad Real el 40%; en Toledo el 48 %.

El único grupo católico que permaneció al lado del Frente Popular fue el de los nacionalistas vascos. Vizcaya fue la única provincia bajo dominio del Frente Popular en que las iglesias siguieron abiertas y no se molestó apenas a los eclesiásticos. Los sublevados ejecutaron a catorce sacerdotes nacionalistas vascos y unos sesenta fueron encarcelados.

«La salvaje persecución llevada a cabo por la revolución fue posiblemente la prueba más intensa sufrida por el catolicismo español en su larga y accidentada historia. Tanto los fieles como los eclesiásticos soportaron con valor y estoicismo sus padecimientos. No se registró en el clero y los laicos apostasía frente a los torturadores. El valor con que el clero y los laicos se enfrentaron a la intensa persecución no fue igualado, triste es decirlo, por un grado de misericordia, caridad y justicia por parte de los triunfadores de la zona nacionalista del general Franco» (Satanley Payne, el catolicismo español).

Se puede optar por gobernar como si «Dios no existiera», pero en cualquier caso lo que no se puede hacer, conforme a las reglas propias de la democracia, es gobernar «como si los católicos no existieran».