Recientemente, la sentencia sobre el caso de los ERE en Andalucía vuelve a poner, desgraciadamente, de actualidad que la naturaleza del político, bien sea por debilidad o por maldad, cuando dispone de acceso y poder sobre el peculio estatal o ajeno, corre el peligro de extraviarse sustrayéndolo, bien en beneficio propio o con fines partidistas. Tanto en el primer caso como en el segundo, el grado de responsabilidad alcanza idéntico nivel de gravedad, por más que se quiera cínicamente justificar.